Preguntas Legales Frecuentes

Preguntas legales frecuentes

Me han despedido y quiero demandar a la empresa. Que requisitos debo cumplir?

Presentación de la demanda

Una vez celebrado o intentado el acto de conciliación sin avenencia, deberá el trabajador presentar la correspondiente demanda ante el Juzgado de lo Social, aportando el justificante del resultado del acto de conciliación, de tenerlo; en otro caso, deberá aportarlo en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la notificación. Puede efectuarla el trabajador solo o asesorado o representado por un abogado, procurador, graduado social o sindicato en su caso. Con carácter general será Juzgado competente el del lugar de prestación de los servicios o el del domicilio del demandado a elección del demandante.

Plazo

Veinte días hábiles desde el momento del despido. (Se suman para el cómputo los días que transcurren entre el día siguiente al despido y el de la presentación de demanda de conciliación, con los que transcurren entre el día siguiente a la celebración de la conciliación y el de la presentación de la demanda en el Juzgado de lo Social). Este plazo será de caducidad a todos los efectos. Si se promoviese demanda por despido contra una persona a la que erróneamente se hubiere atribuido la cualidad de empresario, y se acreditase en el juicio que lo era un tercero, el trabajador podrá promover nueva demanda contra éste, sin que comience el cómputo del plazo de caducidad hasta el momento en que conste quién sea el empresario.

Características de la demanda

La demanda se formulará por escrito y habrá de contener los siguientes extremos:

  • Datos del demandante, con expresión del número del documento nacional de identidad, y de aquellos otros interesados que deben ser llamados al proceso y sus domicilios, indicando el nombre y apellidos de las personas físicas y la denominación social de las personas jurídicas. Si la demanda se dirigiese contra un grupo carente de personalidad, habrá de hacerse constar el nombre y apellidos de quienes aparezcan como organizadores, directores o gestores de aquél, y sus domicilios.
  • La enumeración clara y concreta de los hechos alegados por el empresario y de todos aquellos que, según la legislación sustantiva, resulten imprescindibles para resolver las cuestiones planteadas. En ningún caso podrán alegarse hechos distintos de los aducidos en conciliación, salvo que se hubieran producido con posterioridad a la sustanciación de aquélla.
  • Lugar de trabajo, categoría profesional, características particulares si las hubiera del trabajo que se realizaba antes de producirse el despido, salario, tiempo y forma de pago y antigüedad en la empresa.
  • Fecha de efectividad del despido y forma en que se produjo.
  • Si el trabajador ostenta o ha ostentado en el año anterior al despido la cualidad de representante legal o sindical de los trabajadores.
  • Si el trabajador se encuentra afiliado a algún sindicato, en el supuesto de que alegue la improcedencia del despido por haberse realizado éste sin la previa audiencia de los delegados sindicales, si los hubiera.
  • Si el demandante litigase por sí mismo, designará un domicilio en la localidad donde resida el Juzgado o Tribunal, en el que se practicarán todas las diligencias que hayan de entenderse con él.
Que es el nuevo régimen de IVA de caja que entró en vigor el primero de enero de 2014 y se permite que las pymes paguen el impuesto al cobrar la factura?

Este nuevo régimen tributario es una histórica reclamación de las empresas, que llevan años denunciando el “sinsentido” que supone la obligación de ingresar un IVA de facturas que no se han cobrado y que, quizás, nunca se cobrarán. La situación es especialmente sangrante en aquellos casos en que las empresas se veían obligadas a pagar a la Agencia Tributaria una cuota de IVA de una factura impagada por parte de una comunidad autónoma o ayuntamiento.

En el IVA, las empresas actúan como intermediarias. Cuando emiten una factura, están obligadas a ingresar el IVA que, a su vez, les debe abonar su cliente. En caso de impago o demora, las empresas se encuentran en la situación que han pagado un IVA a Hacienda que no han cobrado. El Ejecutivo de Mariano Rajoy prometió establecer un nuevo régimen de tributación que permitiera a las empresas abonar el IVA al cobrar la factura. Y en la Ley de Emprendedores se aprobó este nuevo sistema que entró en vigor en 2014. Se trata de un régimen optativo, al que pueden adherirse las pymes con una cifra de negocios inferior a dos millones de euros. Los potenciales beneficiarios ascienden a 2,3 millones de pymes y autónomos.

Sin embargo, los expertos alertan de que muy pocas de esas empresas optarán por el nuevo régimen. Calculan que, como mucho, solo un 10% de las compañías aplicará el IVA de caja en 2014, incluso después de que el Ejecutivo prorrogara hasta marzo el plazo para adherirse.

Los motivos de esta ausencia de interés pueden resumirse en tres. En primer lugar, es cierto que el IVA de caja permite a las empresas ingresar el impuesto en Hacienda al cobrar la factura. Sin embargo, cuando el empresario actúe como cliente tampoco podrá deducirse el IVA hasta que abone su factura. Esta es la parte de la ecuación negativa para las compañías.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que las grandes empresas no tienen la posibilidad de acogerse al IVA de caja. Es decir, seguirán ingresando el IVA al cobrar una factura y, cuando actúen como clientes, se lo deducirán con independencia del momento en que efectúen el pago. Sin embargo, las grandes empresas sí que pueden verse afectadas por el régimen de IVA de caja y siempre en sentido negativo. Ello sucederá cuando su proveedor sea una pyme que sí aplica el IVA de caja. En este caso, la gran empresa no podrá deducirse el impuesto hasta que pague la factura. Así, las compañías que no estén adscritas al nuevo régimen preferirán operar con otras empresas que tampoco apliquen el sistema caja para evitar demoras en la deducción del IVA soportado.

De hecho, organizaciones de autónomos ya han denunciado que grandes empresas están presionando a sus proveedores para que no se adhieran al régimen de caja. Y, aunque no existan amenazas, el temor a una posible pérdida de clientes también provoca que muchas pymes opten por la prudencia y renuncien al nuevo sistema de tributación. Por último, aplicar el régimen de IVA de caja obligará a realizar cambios en el software informático de la contabilidad de las empresas. El argumento oficial de Hacienda para prorrogar hasta marzo el plazo para adherirse al nuevo sistema ha sido precisamente ofrecer más tiempo a las empresas para revisar y actualizar los programas informáticos. Hay que tener en cuenta que acogerse al nuevo sistema implica la obligación de rellenar dos campos nuevos en los libros registro de IVA: el momento del cobro y del pago y el medio efectuado.

Fuentes de Hacienda reconocen que es posible que pocas pymes se acojan al IVA de caja, sin embargo, recuerdan que el nuevo régimen se mantendrá en el tiempo y confían en que las reticencias en el primer año de aplicación se diluyan con el paso del tiempo. En principio, todo apunta que las empresas que son proveedoras de las Administraciones Públicas tendrán mayor interés en aplicar el IVA de caja. Ello es así porque el sector público actúa como cliente final, es decir, no tiene derecho a deducción. La Agencia Tributaria calcula que en torno 115.000 compañías en España realizan fundamentalmente entregas de bienes y servicios a la Administración Pública y es previsible que, estas sí, se acojan a IVA de caja.

Que novedades introduce la última reforma de las pensiones que ya está en vigor desde el pasado 1 de enero de 2014?
A continuación, un análisis de todas las claves. La nueva ley de las pensiones ya es efectiva y los pensionistas deben tener cuenta varias novedades:

1- Las pensiones ya no se revalorizan con el IPC

Esta es otra de las preguntas legales frecuentes. Las prestaciones ya no se actualizan conforme al IPC como era habitual desde 1997 (una fórmula cuyo objetivo era que los pensionistas no perdieran poder adquisitivo ante la subida de precios). Ahora, la cuantía de las pensiones se revisará siempre a comienzos de año según el nuevo Índice de Revalorización (IR) que variará en función de los ingresos y gastos del sistema de la Seguridad Social en un plazo de once años (cinco previos, el de ejecución y las proyecciones de cinco futuros) y del aumento de los pensionistas.

2-Las prestaciones subirán como mínimo un 0,25% y como máximo el IPC más el 0,5%

En ningún caso el resultado obtenido con el nuevo índice podrá dar lugar a un incremento anual de las pensiones inferior al 0,25% ni superior a la variación porcentual del índice de precios de consumo en el periodo anual anterior a diciembre del año, más el 0,50%. Es decir, ley marca un suelo de revalorización para los ejercicios malos del 0,25% y un techo para los años de bonanza del IPC más el 0,5%. Con esta medida se evita que las pensiones puedan bajar nominalmente o congelarse en un momento determinado (como ocurrió en 2010 con el Gobierno de Zapatero). Sin embargo, sí que se abre la puerta a que los jubilados pierdan poder adquisitivo ya que su pensión podría subir menos que el IPC. Eso sí, si también podría darse la circunstancia contraria y que el IR crezcan más que la inflación, aunque esta opción parece menos factible a corto plazo.

3- En 2014 las pensiones aumentarán un 0,25%

Según estos nuevos cálculos, el Ejecutivo ya ha anunciado que las pensiones se revalorizarán este año lo mínimo, un 0,25%. Además, hay que tener en cuenta que esta nueva forma para revisar la cuantía afecta a todos los jubilados, a los actuales y a los futuros.

4- Se introduce el factor de sostenibilidad para los nuevos pensionistas

Por otra parte, la reforma introduce el factor de sostenibilidad que tendrá en cuenta la esperanza de vida a la hora de calcular la pensión inicial que cobrarán los nuevos pensionistas. Es decir, si la esperanza de vida aumenta la pensión inicial se reducirá con el objetivo de asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

5- El factor de sostenibilidad se aplicará en 2019 y se revisará cada 5 años

De momento, las personas que accedan a la jubilación en los próximos cinco años no deben preocuparse por el impacto del factor de sostenibilidad en su pensión, ya que no se aplicará hasta 2019. El Ejecutivo asegura que así se deja un período suficientemente amplio como para que los potenciales pensionistas puedan ser informados de las consecuencias de la puesta en práctica del factor y tomar medidas, en caso de considerarlo necesario. La estimación de la esperanza de vida que se tendrá en cuenta en el factor de sostenibilidad se revisará cada cinco años. Como lo previsible es que la expectativa de vida aumente en el futuro, las prestaciones mensuales serán poco a poco más bajas. El Gobierno calcula que con estas medidas el sistema se ahorrará cerca de 33.000 millones de euros entre 2014 y
2022.

Que son los accidentes in itinere?

La noción de accidente in itinere no ha sido desarrollada legalmente, sino por la jurisprudencia que considera accidente in itinere el que sufre el trabajador al ir al lugar de trabajo o al volver de éste. La calificación de accidente in itinere como de trabajo se basa en el supuesto de que, de no haber tenido que ir el accidentado a su tarea desde su casa, o a la inversa, no se hubiera producido la lesión.

Pero la presunción de laboral del accidente in itinere se limita a los accidentes en sentido estricto (lesiones súbitas y violentas producidas por agentes externos) y no a las dolencias de distinta etiología.

En relación al trabajo cuales son los grados de parentesco por consanguinidad o afinidad?
El grado de parentesco tiene muchas connotaciones en las relaciones laborales. Así por ejemplo un trabajador tiene derecho a unos días de permiso remunerado por enfermedad u hospitalización de determinados familiares según el grado de parentesco que se tenga con él.arbol-faq
Una desempleada puede alegar la lactancia para rechazar un trabajo?
07/01/2014 El TSJ de Andalucía ha desestimado el recurso de suplicación interpuesto por una desempleada que vio como el Juzgado de lo social número 1 de Ceuta suspendió su derecho al subsidio, durante tres meses, por rechazar una oferta adecuada de empleo alegando ésta que se encontraba en periodo de lactancia natural. El juez, de hecho, añade que la desempleada debería haberse incorporado al puesto de trabajo para que, una vez llegase a conocer las condiciones del mismo, pudiera haber planteado el reconocimiento del derecho alegado o, en otro caso, solicitar la limitación de la jornada de trabajo por lactancia de un menor de nueve meses.
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